September 29, 2008 por Anónimo
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Catalunya somos todos19/11/2009 Una vez más, como si fuéramos invisibles o transparentes, la sectaria TV3, organismo público a la que también contribuimos con nuestros impuestos, ignoró a “Ciutadans” en nombre de una Cataluña oficial de nacionalsocialistas, nacionalcomunistas, republicanos y soberanistas, que apenas representan la mitad de la Cataluña real de más de 7 millones de catalanes. Pero ignorancia no equivale a inexistencia. Y el hecho existencial fue la presentación, el pasado día 31 de octubre, de la campaña de C’s para las próximas elecciones autonómicas en un abarrotado Teatre Villarroel de Barcelona. |
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Día de Andalucia - Rubí01/03/2009
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Discriminaciones que se repiten16/02/2009 Un régimen democrático se caracteriza, entre otras cosas, por ser un Estado de Derecho. Es decir, los poderes públicos tienen la absoluta obligación de acatar la Ley y hacer cumplir las sentencias de los tribunales. Todo ciudadano, según la Constitución, tiene “el derecho a usar el idioma castellano”, además de ser co-oficial en Cataluña. Por otra parte, es la lengua materna y de uso corriente del 55 % de los catalanes y de un porcentaje aún mayor de los habitantes del Vallés Occidental. Sin embargo, un sector importante de la clase política, a nivel local y autonómico, se ha empeñado en recortar los derechos de la población catalana castellano-hablante, utilizando apertura de expedientes disciplinarios en lo laboral, sanciones por rotulación comercial exclusivamente en castellano y políticas de exclusión en general sin el más mínimo respeto a la libertad individual. Son actitudes de auténtica discriminación cultural y social.
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Imposición linguística30/09/2008
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De Carteles y Cárteles12/02/2009 El gobierno de Zapatero obliga a colocar en cada una de las obras sufragadas por el Fondo Estatal de Inversión Local, un cartel de 4x3m a efectos meramente propagandísticos. Es tan importante para el PSOE ese objetivo publicitario (sobre todo ahora que tenemos encima las elecciones gallegas, vascas y europeas), que exige a todos los ayuntamientos que prueben la instalación del cartel con fotografías, so pena de no recibir en caso contrario ni un duro. Este despropósito va a costarnos unos 61 millones de euros, que van a servir para que la compra de votos siga viento en popa. En Ripollet, haciendo cálculos, los cartelitos nos van a salir por el módico precio de unos 48.000 euros (8 millones de ptas), y en alguna localidad, la instalación del cartel saldrá más cara que la propia obra que publicitan. |
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